8.- La Atención a la Diversidad en Aragón: crónica de un despropósito
El curso pasado debatimos en la Mesa Sectorial de Educación un borrador de Decreto de Atención a la Diversidad que posteriormente pasó el trámite del Consejo Escolar de Aragón y que se encuentra pendiente de informe jurídico para su publicación en el BOA. Algunos responsables educativos se molestaron cuando CCOO calificó este borrador de mal plagio del Decreto de Atención a la Diversidad del País Vasco publicado el año 1998. El borrador aragonés reproducía en su redacción original con puntos, comas y diéresis el decreto vasco, pero lo deterioraba al eliminar el capítulo más importante y novedoso, el referido a las medidas de intervención educativa con los ACNEES y añadir un elemento peligroso: la clasificación de los ACNEES, un “etiquetaje” absolutamente inconveniente que hay que evitar.
El pasado mes de octubre el Departamento nos ha presentado tres borradores de Órdenes de desarrollo del Decreto, las Órdenes de Orientación Educativa, de Integración y de Compensación Educativa. Las dos primeras aportan pocas novedades respecto de normativas MEC anteriores pero la última, desafortunadamente, es especialmente novedosa, pues contradiciendo los más elementales principios de Integración Escolar y desconociendo una de las medidas más importantes de Atención a la Diversidad contenidas en el Pacto por la Educación en Aragón (la referida a la distribución equilibrada de la diversidad entre todos los centros sostenidos con fondos públicos) pretende instaurar lo que en la Orden se llama Centros de Atención Educativa Preferente, pero que con una terminología más adecuada a la realidad son lo que vulgarmente llamamos centros “guetto”. Es incomprensible esta orientación; aún es más si tenemos en cuenta que procede de un Departamento de Educación del que se espera que dimanen propuestas progresistas y todavía es mucho más si el Departamento cumple lo que ya nos ha dicho a CC.OO.: las Ordenes no se debatirán ni en la Mesa Sectorial de Educación, ni en el Consejo Escolar de Aragón, con lo que el principio de participación democrática y de negociación en temas importantes y decisivos para el sistema educativo de esta Comunidad Autónoma quedará en entredicho.
(TE Estatal, enero de 2001)
9.- Ley de Financiación de la Educación ¡ya!
Ya tenemos Presupuesto en Aragón para el año en curso; el voto decisivo de IU sumado a los votos de PSOE y PAR (socios de Gobierno) permitió sacar adelante el Presupuesto del año 2001. Pero IU vendió caro su voto al Gobierno de la DGA moviendo cerca de 3.000 millones en el debate parlamentario de los que 1.163 millones correspondían al Departamento de Educación.
Las enmiendas de IU aprobadas en el Parlamento aragonés han introducido importantes modificaciones en el borrador inicial del Presupuesto, en línea con las propuestas presentadas por CCOO a los diferentes Grupos Parlamentarios de nuestras Cortes. Y así, se ha conseguido aumentar sustancialmente la partida destinada al establecimiento de la red pública de Escuelas Infantiles en el ciclo 0-3 años; se han incrementado también de forma relevante las partidas destinadas a la Educación Secundaria, Bachillerato y FP para poder realizar una oferta de calidad en todas las comarcas aragonesas; se ha duplicado prácticamente la partida dedicada a Investigación universitaria y no universitaria; se han aumentado diversos programas de la Dirección General de Renovación Pedagógica sometida en el borrador inicial a un considerable recorte presupuestario y finalmente, entre otras varias, una enmienda acariciada y demandada por CCOO desde hace años: la creación de un Centro de Educación Especial con Residencia en Zaragoza cuyos primeros pasos veremos dar por fin en este año 2001.
Pero en Aragón (también en el Estado y en algunas otras Comunidades Autónomas) el debate presupuestario encierra una cierta perversión: las enmiendas introducidas por los Grupos Parlamentarios no permiten trasvasar recursos económicos de unos Departamentos a otros, sino que los aumentos y disminuciones de las diferentes partidas presupuestarias deben hacerse dentro de la cantidad total asignada por el Gobierno a un Departamento. La Ley permite la primera posibilidad pero el PAR introdujo la pasada legislatura esta modificación, quizás previendo su futuro de participar en minoría dentro del Gobierno, asegurando con ello la totalidad del presupuesto asignado a sus Departamentos en el borrador remitido por el Gobierno a las Cortes.
Por ello, los aumentos de unas partidas inicialmente menores o la creación de otras nuevas se hacen disminuyendo otras inicialmente mayores. Y la detracción para aumentar esas partidas insuficientes se ha hecho en el Presupuesto/2001 de la Enseñanza Privada Concertada que ha visto disminuir su consignación inicial en 975 millones tras el debate parlamentario, lo que ha producido la lógica inquietud entre los trabajadores y trabajadoras del sector concertado, así como en sus patronales, aunque posiblemente por diferentes razones.
CCOO lo ha dicho en diferentes artículos de opinión publicados en la prensa regional (Heraldo de Aragón de 3-11-2000), en la prensa educativa (Escuela Española de 7-12-2000) y en publicaciones internas del sindicato (TE de Aragón correspondiente al mes de diciembre): el Presupuesto de Educación 2001 es un presupuesto insuficiente, no garantiza una aplicación ágil del Pacto por la Educación, ni el desarrollo íntegro del importante acuerdo de plantillas suscrito el curso pasado. Pero CCOO, desde el rigor que nos caracteriza, va a exigir el cumplimiento exacto de todos y cada uno de los acuerdos que firme y lo va a hacer en todos y cada uno de los puntos contenidos en esos acuerdos.
Por ello es imprescindible que la Educación aragonesa no esté sujeta a los vaivenes que puedan deparar cada año las posibilidades presupuestarias, es preciso que la Ley de Financiación del Sistema Educativo Aragonés vea la luz ya. Como he dicho en diferentes ocasiones, la Ley de Financiación es la última medida contenida en el Pacto por la Educación, es su broche de cierre, pero es la única puerta eficaz y coherente de acceso al desarrollo del mismo.
(Heraldo de Aragón, Enero de 2001)
10.- Por fin llegó el Plan de Acción Social para los docentes
En 1999 la Comunidad Autónoma de Aragón aprobó un plan de acción social dirigido al personal no docente dotado con 350 millones de pesetas. CC.OO. no pudo apoyar aquel plan que excluía a los docentes del mismo y que además se encontraba insuficientemente dotado. El apoyo del resto de sindicatos mayoritarios presentes en la Mesa de la Función Pública impidió detener aquel despropósito.
Por fin, el 4 de diciembre pasado, la Mesa de la Función Pública de la DGA aprobó, con la abstención de CCOO, el borrador de Decreto de Acción Social para el personal docente aragonés. El Decreto fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la DGA y publicado en el BOA de 27 de diciembre de 2000.
El Decreto supone un avance pues, como hemos dicho antes, los docentes estábamos excluidos de las ayudas de Acción Social de la DGA. Es también positivo su carácter retroactivo ya que las ayudas se aplicarán al curso 1999/2000. Pero todavía estamos lejos de la cobertura que la DGA presta al personal no docente, ya que éste recibe 350 millones de pesetas para este fin (0,8 % de su masa salarial bruta) mientras que los docentes sólo vamos a percibir 200 millones de pts. (0,4 % de nuestra masa salarial bruta). Ello significa que el personal no docente ya cobró al 100 % las Ayudas de Acción Social correspondientes a 1999, destinando a ello 235 millones de pesetas y en el caso de los docentes posiblemente no llegue la cantidad asignada para ello, 175 millones, y sea necesario aplicar un coeficiente reductor; significa también que el Plan de Pensiones en los no docentes está dotado inicialmente con 115 millones de pesetas y sólo 25 millones será el Plan de Pensiones docente. Para CCOO no puede justificarse esta discriminación hacia el personal docente, de igual manera que es difícilmente comprensible que la DGA mantenga dos planes de acción social diferenciados, uno dirigido a los docentes y otro a los no docentes.
Por ello nos abstuvimos. La abstención no es un voto en contra, es un apoyo crítico con el que exigimos que el próximo plan de acción social que negociaremos en el segundo trimestre del presente año 2001 sea homogéneo al del personal no docente, tendiendo a que en un futuro inmediato exista un único plan que cubra las ayudas de acción social de todo el personal de la DGA.
(TE Estatal, febrero de 2001)
11.- Hemos conseguido uno de los mejores acuerdos del Estado en materia de Jubilaciones LOGSE
En la Mesa Sectorial celebrada el pasado 10 de enero cerramos un acuerdo con el Departamento de Educación de la DGA mediante el cual, todo el profesorado que con 60 años de edad y al menos 28 de servicios decida acogerse a la jubilación anticipada prevista en la LOGSE, recibirá una gratificación autonómica que se sumará a la proveniente del MEC y que será 1,75 veces más que ésta. CCOO salió muy satisfecha con el acuerdo alcanzado pues aunque lamentamos no haber conseguido llegar a la gratificación de Navarra o del País Vasco nos situamos, junto con Galicia, en los niveles más altos del Estado español.
El acuerdo es importante. Por un lado incentiva la jubilación de todos aquellos compañeros y compañeras que con 60 años de edad y muchos de experiencia deciden acogerse a la misma y por otro puede suponer la creación de un importante número de vacantes con la consiguiente oferta de empleo público: sobre 1000 plazas en el horizonte de tres años. En la pirámide de edad del profesorado aragonés puede observarse la existencia de casi 400 profesores de 60 a 65 años y otros 600 en el tramo de 57 a 59 años. Por ello será fundamental que consigamos del MEC la prórroga indefinida de la jubilación LOGSE tras el horizonte del 2002.
(TE Estatal, marzo de 2001)
12.- Los Convenios en Educación Infantil tendrán en Aragón un carácter restrictivo
Cuando firmamos el Pacto por la Educación sabíamos que una de sus medidas era el establecimiento de convenios en el segundo ciclo de E. Infantil con determinados centros privados concertados. Éste era el punto polémico del Pacto para organizaciones como CCOO que defiende la Escuela Pública, sin ambages de ningún tipo. Lo firmamos porque entendíamos que el Pacto por la Educación, globalmente considerado, es una firme defensa de la Escuela Pública: red pública de escuelas infantiles 0-3 años, gratuidad de los libros de texto, modernización de los centros educativos, mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado, mejora de las condiciones de la jubilación LOGSE, reducción de la jornada lectiva para el profesorado mayor de 54 años, programas de garantía social y de diversificación curricular en todos los Centros de Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas en todas las comarcas aragonesas, Ley de Educación Permanente y ampliación de la oferta de enseñanzas a distancia y de estudios presenciales en horario de tarde y nocturno, Ley de Financiación del sistema educativo aragonés, etc, etc. Cuarenta medidas orientadas a construir en Aragón un Sistema Educativo asentado en una enseñanza pública de calidad y una medida –los convenios en la Educación Infantil- que, en principio, es considerada por algunos como un ataque a la enseñanza pública.
CCOO entendió que había que participar activamente en esta apuesta necesaria por la Enseñanza Pública aragonesa que es el Pacto por la Educación, orientando el polémico punto de los convenios de Infantil para que en Aragón se realizase con cordura y se aplicase de una manera restrictiva. Por eso introdujimos en la redacción de esa medida los criterios que se han convertido en dos de los cuatro requisitos que deberán cumplir los centros privados susceptibles de convenio: cubrir necesidades de escolarización y escolarizar a alumnado con necesidades educativas especiales, procedente de minorías étnicas, culturales y población socialmente desfavorecida.
El acuerdo suscrito el pasado 19 de febrero en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada pone en relación dos medidas contenidas en el Pacto: la referida a los Convenios en Educación Infantil y la que alude a la Distribución Equilibrada de la Diversidad entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, de tal manera que, a partir del próximo curso, las unidades de E. Infantil convenidas acogerán un mínimo de cuatro alumnos por aula procedentes de grupos sociales desfavorecidos o alumnos que precisen una atención educativa especial; así mismo, se crean Comisiones de Escolarización zonales y permanentes que, además de garantizar este requisito, escolarizarán de forma equilibrada al alumnado con necesidades educativas especiales en los niveles de Primaria y de Secundaria Obligatoria entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, escolarización que se realizará con absoluto respecto a los principios de integración educativa, evitándose cualquier tipo de discriminación por su participación en las actividades complementarias, extraescolares, servicios o cualquier distintivo identificativo del centro. Iniciamos con ello un importante reto: distribuir la diversidad de forma equilibrada, evitando su concentración excesiva –hoy fundamentalmente en la enseñanza pública- lo que convierte a los centros en “guettos” abocados a un modelo educativo segregador. Por ello, desde CCOO hemos dicho que el acuerdo alcanzado en la noche del 19 de febrero tiene una vertiente importante para la enseñanza pública y para el sistema educativo en su conjunto: el reparto de la diversidad hoy, insisto, concentrada fundamentalmente en la escuela pública.
Estos criterios impiden la generalización de los convenios en la enseñanza concertada. Sólo accederán a las ayudas aquellos centros que tengan una auténtica proyección social y que se sometan a los órganos de control social externo que van a ser las Comisiones de Escolarización. En Aragón para el curso 2001-2002, serán susceptibles de convenio 60 unidades de E. Infantil sobre las 355 existentes en la enseñanza privada y dudo que esa cifra pueda aumentar de forma considerable en cursos posteriores desde el cumplimiento estricto de los requisitos mencionados.
No es ésta, lamentablemente, la realidad que sobre este tema se registra en el resto del Estado. Para empezar, en ninguna Comunidad existe la figura del convenio revisable bianualmente como se ha establecido en Aragón, sino que es la figura del concierto de carácter indefinido, no sometido a criterios sociales como los anteriormente descritos y sin ningún tipo de control social, el que se ha generalizado en la práctica totalidad de Comunidades Autónomas. Por otra parte, el número de unidades concertadas es significativo: Asturias tiene concertadas 74 sobre 231 unidades totales de E. Infantil, Extremadura 80 sobre 400, Castilla la Mancha 145 sobre 458, Baleares 391 sobre 423, Andalucía un número irrelevante, Navarra 250 sobre 250, Euskadi 1121 sobre 1121, Galicia 474 sobre 474, Cantabria 27 sobre 200, País Valenciano 1224 unidades subvencionadas en unos casos y concertadas en otros sobre 1224 totales, Castilla y León 290 sobre 800, Canarias dispone de 200 millones de pts para becar a los alumnos de las 200 unidades de que dispone, Madrid 945 sobre 1750, Cataluña tiene un importantísimo número de unidades subvencionadas en el 2º ciclo y la Generalitat ha comenzado a subvencionar algunas unidades de 0 a 3 años, Murcia 256 sobre 274 y La Rioja 105 conciertos sobre 105 unidades totales de E. Infantil.
Y llegados a este punto considero necesario introducir un elemento más de reflexión. Como podrá observarse en los datos enumerados, la generalización de los conciertos en E. Infantil se produce, sobre todo, en aquellas Comunidades gobernadas por el PP o por partidos de la derecha nacionalista, excepción hecha de Baleares donde existe un déficit notable de plazas en la enseñanza pública. Existe una relación evidente entre una orientación política ligada a la derecha conservadora o nacionalista y el apoyo a la enseñanza privada. Sé que no estoy descubriendo las Américas con esta afirmación, como tampoco digo nada nuevo si recordamos que en Aragón, en los días previos a la negociación y con consecuencias perturbadoras para la misma, se pasó de un presupuesto cuatrimestral para este fin de 56 a 112 millones (168 a 325 millones anuales) gracias a la presión del PAR sobre el Gobierno de coalición de nuestra Comunidad que se encontró roto en determinados momentos, mientras el PP pedía la generalización. Tengámoslo claro: si CCOO y UGT, con quien mantuvimos una absoluta unidad de acción en este tema, establecimos criterios restrictivos y coherentes en la línea anteriormente descrita es porque desde el Departamento de Educación, desde determinados sectores del Gobierno de la DGA y desde algunos Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón se realizó un contrapeso político progresista suficientemente consistente que favoreció la negociación en los términos explicados más arriba.
Un último elemento de reflexión: es comprensible que determinadas opciones sindicales ligadas a posiciones de carácter anarquista o de la izquierda radical como pueden ser CGT y STEA, que además no firmaron el Pacto por la Educación, se opongan al acuerdo del 19 de febrero, pero resulta sarcástico o cuando menos irónico que lo hagan sindicatos como CSIF que además firmó el Pacto, ANPE o APS cuyos planteamientos de política educativa están ligados a las opciones políticas más conservadoras.
(Heraldo de Aragón, Marzo de 2001)
13.- El acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada de Aragón supone el inicio del reparto equilibrado de la diversidad entre todos los centros sostenidos con fondos públicos
El pasado 19 de febrero se alcanzó este importante acuerdo referido a tres puntos: escolarización, convenios en E. Infantil y retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada.
CCOO apoyó el acuerdo pues conseguimos introducir en él todas nuestras propuestas que garantizan la distribución efectiva de la diversidad entre todos los centros públicos y privados concertados a partir del próximo curso y que impedirá la generalización de los convenios en el segundo ciclo de E. Infantil.
Respecto de la escolarización, para cumplir con la medida del Pacto por la Educación relativa a la escolarización de forma solidaria y equivalente de ACNEES y alumnos procedentes de minorías étnicas y culturales entre todos los centros sostenidos con fondos públicos se acuerda constituir Comisiones de Escolarización que tendrán carácter permanente y cuyo objeto será facilitar la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a situaciones sociales o culturales desfavorecidas, incluyendo la posibilidad de establecer reservas de plazas para estos alumnos cuando se considere necesario. La distribución de estos alumnos se hará de forma equilibrada entre los centros públicos y privados concertados, favoreciendo su inserción y evitando su concentración excesiva. Las Comisiones de Escolarización estarán integradas por: 1 representante de cada Sindicato representativo, 1 de FAPAR, 1 de CONCAPA, 2 Directores de Centros Públicos y 2 de Centros Privados Concertados, 2 representantes del Ayuntamiento y 2 del Servicio Provincial de Educación.
Estas Comisiones de Escolarización al tener carácter permanente se convierten en órganos de control social pues deberán garantizar la matriculación y posteriormente la correcta escolarización de la diversidad entre todos los centros públicos y privados.
Desde CCOO entendemos que esta medida responde a un clamor bastante generalizado en el conjunto de los centros públicos, muchos de ellos convertidos en centros “guetto”, que vienen reclamando el comienzo inmediato de la distribución equilibrada de la diversidad como la medida más urgente en defensa de la enseñanza pública.
Sobre los convenios en Educación Infantil y para poner en marcha la medida contenida en el Pacto por la Educación relativa al establecimiento de convenios con centros privados que atiendan el segundo ciclo de E. Infantil se acuerda la publicación de un Decreto que fue objeto de negociación en todo su articulado y en el que introdujimos todas y cada una de nuestras propuestas con el objeto de limitar los convenios a los requisitos estrictos que se derivan del Pacto por la Educación. Los elementos fundamentales del Decreto son los siguientes:
- De los cuatro requisitos que deberán reunir los centros para poder acceder a los convenios, dos son fundamentales: cubrir necesidades de escolarización, lo que supone que no podrán conveniarse centros privados en los que la oferta de plazas escolares de la enseñanza pública cubra la demanda existente y escolarizar a alumnos con necesidades educativas especiales endógenas y/o derivadas de situaciones sociales desfavorecidas suficientemente acreditadas.
- El titular del Centro que se acoja al régimen de convenios deberá reservar un mínimo de 4 plazas por unidad escolar a disposición de la Comisión de Escolarización al objeto de garantizar una asignación eficiente de las plazas escolares entre aquellos grupos sociales desfavorecidos o alumnos que precisen una atención educativa especial, manteniéndose, en todo caso, la misma proporción de alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en los centros públicos de la zona.
- El Centro deberá programar un proyecto educativo integrador para todos los alumnos.
- Las actividades complementarias y extraescolares, los servicios y cualquier distintivo identificador del Centro no tendrán carácter discriminatorio para los alumnos.
- Los convenios que tendrán un carácter bianual serán rescindidos si durante la vigencia de los mismos se incumplen los requisitos que motivaron su suscripción.
- Se crea una Comisión Examinadora formada por los Sindicatos representativos, FAPAR, CONCAPA, la Administración Local, las Organizaciones Patronales representativas y la Administración Autonómica que evaluará las solicitudes y formulará la correspondiente propuesta motivada.
Del cumplimiento estricto de estos criterios se deduce una consecuencia lógica: sólo podrán acceder a convenios en E. Infantil aquellos centros que tengan una auténtica proyección social.
Finalmente, respecto del incremento retributivo del profesorado de la enseñanza privada concertada se acuerda que perciba las mismas cantidades correspondientes al complemento autonómico y a la recuperación del IPC de 1999 que cobrará el profesorado de la enseñanza pública. El objetivo de este acuerdo es no aumentar las diferencias salariales actualmente existentes (un profesor de la privada concertada cobra un salario equivalente al 90 % del profesor de la pública, por lo que no es justo que esta diferencia se incremente).
(TE Estatal, abril de 2001)
14.- La Reforma de la Reforma vista desde CCOO
El Gobierno del PP ha iniciado la reforma de la Reforma que para el sistema educativo de este país significó la LOGSE en 1990.
Para la Federación de Enseñanza de CCOO toda reforma debería basarse en una evaluación seria del sistema que se pretende reformar, lo que no se ha hecho dado que ni siquiera ha acabado su implantación que culminará en 2004. Toda política que pretenda configurar un sistema educativo estable debe construirse con un amplio debate coronado por el mayor consenso posible, lo que es imposible con un Gobierno que hurta la información y el debate a los agentes sociales. Toda reforma debe garantizar cinco elementos fundamentales: la compatibilidad entre los principios de igualdad y de calidad, la elección democrática de los órganos de gobierno de los centros, la autonomía de los centros, una política de personal que estimule el compromiso de los profesionales de la educación y la financiación necesaria para conseguir los mayores niveles de excelencia del sistema educativo. Pues bien, muy al contrario, el Ministerio de Educación presidido por Pilar del Castillo ha impuesto un Decreto de contenidos mínimos en la ESO, sin ningún tipo de consulta a las organizaciones sindicales y nos anuncia para el próximo otoño una Ley de Calidad que supondrá una sustancial modificación de las leyes orgánicas LODE, LOGSE y LOPEGCE sobre las que se asienta el actual sistema educativo en los niveles no universitarios.
El Decreto de mínimos reduce una hora semanal de Música y Plástica en 1º y 2º de ESO, para aumentarlas en Lengua y Matemáticas; nadie discute este aumento necesario, pero es incomprensible que se haga a costa de dos áreas formativas que se quedan reducidas a una hora semanal, lo que tiene un escasísimo valor educativo. Por otra parte desaparecen de la ESO los contenidos procedimentales y actitudinales, reduciendo los contenidos a una lista de conocimientos referidos a la memorización de hechos y conceptos; la consecuencia es un alumnado que al acabar la ESO podrá tener su cabeza más “llena” de conceptos, quizás “sepan” más cosas, pero “sabrán hacer” menos cosas por la desaparición de los contenidos procedimentales (habilidades y destrezas) y, desde luego, “serán” personas menos críticas con su entorno social y natural por la desaparición de los contenidos actitudinales (valores y normas). Así mismo se incrementan los contenidos mínimos de carácter conceptual en todas las áreas, lo que aumentará el porcentaje de alumnado que no alcance los mínimos exigidos para la obtención del título de Graduado en ESO. También se concretan los contenidos para cada curso de la ESO de forma cerrada, hurtando a los centros la autonomía pedagógica necesaria para adaptarse a la diversidad del alumnado existente.
En la Ley de Calidad, el PP pretende establecer tres itinerarios en 3º y 4º de ESO que posiblemente conduzcan a distinta titulación. Uno, en el que se encuadrarían los alumnos “más capaces”, los habilitaría para después continuar el Bachillerato; otro, con alumnos “menos listos” los orientaría hacia la Formación Profesional de Grado Medio y finalmente un tercer itinerario conduciría a aquellos alumnos “aún menos capaces” hacia ninguna parte o, como mucho, a un Programa de Garantía Social cuando cumplan 16 años. Nuestro Sindicato, crítico con todas las medidas propuestas por el Gobierno del PP, es especialmente virulento con ésta, ya que nos jugamos el principio de igualdad que garantiza que todos chicos y chicas puedan tener las mismas posibilidades para conseguir el título de Graduado en ESO; que puedan alcanzar una formación básica sin discriminación alguna, sin diferenciación en grupos de “listos”, grupos de “menos listos” y de “torpes”, la mayor parte de las veces coincidentes con un origen socioeconómico determinado. Apostamos en la enseñanza obligatoria por una formación en grupos heterogéneos, plurales como la propia sociedad en la que estamos inmersos, donde las diferencias individuales se trabajen mediante la aplicación de medidas eficaces de Atención a la Diversidad: programas de diversificación curricular, adaptaciones curriculares individuales, agrupamientos flexibles dentro de una misma clase, optatividad, desdobles, disminución de la ratio de alumnos por aula, profesorado de apoyo, etc. etc. Estas medidas, contempladas en la LOGSE y que nunca se han aplicado en su totalidad por no existir Financiación suficiente, posiblemente sean algo más caras, pero son las únicas que garantizan el derecho de todos los alumnos a recibir una educación en condiciones de igualdad, una educación de calidad y que fomente valores de respeto, de tolerancia y de aceptación de que todos somos iguales, pero a la vez todos somos diferentes y para ello tienen que estar juntos. Los centros concertados difícilmente dispondrán del tercer itinerario, lo que producirá un desplazamiento del alumnado hacia la enseñanza privada rompiendo el actual equilibrio entre la red privada y la pública, pasando ésta a convertirse en subsidiaria de aquella.
El Gobierno pretende eliminar el carácter democrático y participativo de la dirección de los centros docentes, tendiendo a un modelo más “profesionalizado” y menos dependiente del Consejo Escolar y del Claustro de Profesores. Incluso, en los Centros Integrados de Formación Profesional la dirección será nombrada directamente por la Administración, sin ningún tipo de participación de la comunidad educativa.
Y para acabar explicaré la propuesta “estrella” de la Ministra de Educación: desaparición de la Prueba de Acceso a la Universidad conocida como Selectividad. CCOO califica tal propuesta gubernativa como un golpe de efecto en primer término y una falacia con carácter general. Un golpe de efecto por lo que tiene de propaganda y una falacia porque la ministra lo que realmente hace es añadir una nueva prueba: la reválida. Tras superar los dos cursos de Bachillerato, los estudiantes tendrán que someterse a una nueva prueba que tiene todo el sesgo de parecerse a la reválida de los planes de estudio vigentes en la dictadura y que fue eliminada por la Ley General de Educación en los estertores del régimen anterior. Por último, los alumnos y alumnas que deseen cursar una carrera universitaria con limitación de plazas tendrán que someterse a una nueva prueba distinta para cada universidad. Adviértase que la limitación de plazas se producirá sólo en las Universidades Públicas, pues en las Privadas la prueba de acceso se limitará al pago de sus enseñanzas. Si este proyecto llega a convertirse en ley, los estudiantes de nuestro país, aunque unos más que otros, lo tendrán un poco más complicado para acceder a la titulación universitaria.
Como puede observarse, el PP saca especialmente en Educación, su línea política más conservadora: un modelo educativo formador de personas con una cabeza llena de contenidos pero carente de valores y actitudes críticas, que sitúa a los centros educativos, de nuevo, en una “minoría de edad” al disminuir su autonomía pedagógica y organizativa, centros educativos menos participativos donde la dirección camine hacia modelos más burocratizados, predominio de la red privada sobre la pública, pero sobre todo se pretende construir un sistema educativo segregador, discriminatorio, reproductor de las diferencias sociales y selectivo, en el que sólo los mejor dotados, que normalmente son aquellos que proceden de clases sociales más acomodadas, podrán acceder a los estudios superiores.
En 1996 con una mayoría relativa no pudieron, ahora, con mayoría absoluta, va en serio.
(Revista Aula del Departamento de Educación de la DGA, Mayo de 2001)
(Publicado también en Trabajo Sindical, mayo de 2001, con el título: “El Gobierno del PP reforma la educación en perjuicio de los trabjadores”)
15.- Algunos datos para la evaluación del curso 2000/2001
En la última edición de nuestro TE anunciábamos que en éste realizaríamos una evaluación del curso 2000/2001 referida a los acuerdos adoptados en las diferentes mesas de negociación: Mesa Sectorial de Pública, Mesa Sectorial de Concertada y Mesa de la Función Pública. En el momento de redactar este TE (mediados de mayo) con el que finalizamos el curso, se ha alcanzado un número importante de acuerdos en las diferentes mesas que relacionamos a continuación, aunque la proximidad del final de curso nos crea inquietud ante los importantes temas pendientes de negociación y la parálisis que percibimos en el Departamento de Educación y Ciencia de la DGA. Los acuerdos más importantes que se han adoptado desde la firma del Pacto por la Educación el 29 de junio del año pasado son los siguientes:
- Acuerdo de homologación retributiva para el profesorado de la enseñanza pública: 24000 pts/mes, más recuperación del IPC/99, ambos conceptos consolidables al 100%.
- Acuerdo de Acción Social para los funcionarios docentes: 200 millones de pts. para ayudas al estudio de funcionarios e hijos y el inicio de un Plan de Pensiones.
- Acuerdo de mejora de las condiciones de las Jubilaciones LOGSE: 1,75 veces más que la cantidad del MEC.
- Oferta de Empleo Público: importante oferta en Primaria (312 plazas y unas poquitas en Secundaria y FP adecuadas a las necesidades de ambos sectores).
- Adecuación del régimen de permisos y licencias del profesorado al existente con los funcionarios no docentes de la DGA.
- Acuerdo de financiación del 2º ciclo de E. Infantil en la Enseñanza Concertada: convenios bianuales, revisables y con control social.
- Acuerdo de homologación retributiva del profesorado de la enseñanza concertada: en términos análogos al de la pública.
- Acuerdo de escolarización: creación de 29 Comisiones de Escolarización zonales y permanentes que deben garantizar la distribución equilibrada de la diversidad entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.
- Revisión del acuerdo de interinos de 1999.
- Acuerdo sobre subvenciones sindicales (inicio del pacto de derechos sindicales que habría de negociarse antes de finalizar el curso).
- Acuerdo sobre permanentes sindicales en la enseñanza concertada.
- Acuerdo sobre recolocación del profesorado de centros en crisis (privada).
- Decreto regulador de la Inspección de Educación.
- Acuerdo sobre Salud Laboral: creación de los órganos de participación previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y nombramiento de los Delegados de Prevención.
Sin embargo a mediados de mayo quedan todavía importantes temas por negociar y la Administración Educativa se encuentra paralizada. En este sentido le hemos remitido una carta a la Consejera urgiendo la pronta negociación de temas tan fundamentales como:
- Licencias por estudio para el curso 2001/2002.
- Regulación de las Itinerancias (negociación ya comenzada pero con una gran distancia entre las propuestas de la Administración y las de CC.OO.)
- Cupos generales de profesorado y de programas específicos como Compensatoria y Formación.
- Condiciones Laborales de los EOEPs modificadas en el borrador de la Orden reguladora, zonificación y cupo de estos profesionales.
- Calendario escolar para el curso 2001/2002.
- Pacto de Derechos Sindicales.
- Orden de Funcionamiento de los Centros para el curso 2001/2002.
- Decreto de Acción Social para el curso 2000/2001 (Mesa de la Función Pública)
Además de estos temas quedan asuntos tan necesarios como urgentes que enunciamos en el TE pasado: Ordenes de Atención a la Diversidad consensuadas, Decreto u Orden de Formación del Profesorado, creación de la Mesa Sectorial de Universidad, Funciones del Personal Laboral de Educación Especial y, cómo no, la anunciada Ley de Financiación.
¿Será capaz la DGA de hacer los deberes? De ello dependen muchas cosas, entre ellas el inicio normalizado del próximo curso.
En Septiembre os informaremos, hasta entonces FELICES VACACIONES.
(TE de Aragón, junio de 2001)
16.- Salud Laboral: por fin llegamos al acuerdo
El pasado 27 de abril, víspera del día mundial de la Salud Laboral, la Mesa General de la Función Pública en Aragón aprobó la propuesta de la Comisión de Salud Laboral de la DGA después de dos años de negociaciones.
Por fin, tras casi seis años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se constituyen en la Función Pública aragonesa los órganos de participación y control previstos en la misma: comités provinciales de prevención de riesgos, comisiones sectoriales y comisión autonómica y se nombran los 91 delegados de salud laboral, de los que 29 corresponden a CCOO y 5, en concreto, son del sector docente.
Importante acuerdo para poner en marcha a partir del próximo curso lo dispuesto en la normativa vigente: evaluación de riesgos en los centros educativos, cursos de formación para el profesorado y personal de servicios educativos y complementarios, supervisión y denuncia de los incumplimientos, etc. Para CCOO la salud laboral es un tema prioritario tanto a nivel federal como confederal y desde ese carácter lo asumimos, tanto los delegados de prevención como todo el conjunto de permanentes sindicales.
Es de justicia destacar aquí la excelente coordinación que la Federación de Enseñanza de CCOO de Aragón ha mantenido con la Sección Sindical de CCOO en la DGA, así como la amplitud de miras de la propia Dirección General de Función Pública de la DGA y su voluntad por llegar al acuerdo. Ahora toca ponerse a trabajar.
(TE Estatal, junio de 2001)
17.- Comisiones de Escolarización para distribuir la diversidad
El pasado 10 de mayo se constituyeron en Aragón un total de 29 Comisiones de Escolarización con una composición plural: representantes de la Administración, directores de los centros públicos y privados, Federación de Padres de la enseñanza pública y privada, Ayuntamientos y Sindicatos representativos en las Mesas Sectoriales de Pública y de Privada.
Un operativo de 495 personas que deberán garantizar que la matriculación se realiza “poniendo en solfa” una de las medidas contenidas en el Pacto por la Educación suscrito en junio del pasado año: la distribución equilibrada de la diversidad en las etapas obligatorias entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. Además, las Comisiones de Escolarización en cuya zona educativa o municipio haya algún centro concertado con el que se haya convenido la Educación Infantil, deberán asegurar la matrícula por aula convenida de un mínimo de 4 alumnos con necesidades educativas especiales endógenas, procedentes de minorías étnicas, culturales o población socialmente desfavorecida.
Estas Comisiones de Escolarización tendrán carácter permanente a lo largo de todo el curso para supervisar la continuidad del alumnado “diverso” en los centros en que se hayan matriculado, así como que su escolarización se realiza desde los principios de integración educativa y sin ningún tipo de discriminación por causa de la realización de actividades complementarias, extraescolares o por la utilización de distintivos identificativos del centro.
Breves
- El pasado 10 de mayo, CC.OO., UGT y los empresarios del sector firman un preacuerdo que será la base del convenio que regulará las condiciones laborales de los Monitores de Comedor.
- CC.OO. ha mantenido una reunión con el Director General de Centros y de manera inmediata con la Secretaria General Técnica del Departamento de Educación para negociar el calendario y horario del personal de la Escuelas Infantiles.
- La Federación de Enseñanza de CC.OO. conjuntamente con FETE-UGT continúa la negociación de las funciones del personal laboral de Educación Especial.
(TE Estatal, junio de 2001)
18.- Solucionado el conflicto de Música y Plástica
El curso pasado se cerró en Aragón con múltiples conflictos “irresolubles” para la entonces Consejera de Educación Mª Luisa Alejos-Pita. Durante meses, el colectivo de profesores de Música y Plástica de Secundaria lucharon infructuosamente por conseguir el mantenimiento del horario de sus áreas en el primer ciclo de la ESO.
CCOO planteó en repetidas ocasiones a la Consejera, en la Mesa Sectorial de Educación y a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón la necesidad de mantener el horario de Música y Plástica en el primer ciclo de la ESO para salvaguardar el principio de igualdad que debe presidir los diferentes sistemas educativos del Estado español.
Se recogieron miles de firmas, se recabó el apoyo de cientos de artistas, se realizaron concentraciones y un encierro de veinticinco profesores durante una semana en los servicios centrales del Departamento de Educación; el grupo parlamentario de IU en las Cortes de Aragón presentó una proposición no de ley instando al mantenimiento del horario de estas áreas… Todo chocaba contra la incomprensión de una Consejera desorientada y un Departamento paralizado.
El 11 de julio pasado dimitió la Consejera Alejos-Pita, el 17 del mismo mes tomó posesión la nueva Consejera Eva Almunia quien al día siguiente se puso en contacto con CCOO y previsiblemente con el resto de sindicatos que apoyábamos el conflicto. A lo largo del verano hablamos en repetidas ocasiones sobre éste y otros problemas. El 30 de agosto, en una reunión de hora y media se alcanzó el acuerdo de incrementar de 28 a 29 el horario del primer ciclo de la ESO, lo que permite mantener el horario de Música y Plástica y deja todavía un “colchón” de una hora en previsión de que el currículo aragonés y el tratamiento de las lenguas aragonesas minoritarias (aragonés y catalán) necesiten su utilización.
(TE Estatal, septiembre de 2001)
19.- Convenios de Infantil en la Enseñanza Concertada
El pasado 9 de mayo la Federación de Enseñanza de CCOO de Aragón se vio obligada a interponer recurso de reposición contra la Orden de 19 de abril de 2001 por la que se resolvía la convocatoria de acceso a convenios para la financiación del segundo ciclo de Educación Infantil en la enseñanza concertada.
CC.OO. que firmó el Pacto por la Educación y el acuerdo de 19 de febrero pasado en el que se regulaba este tema tan importante como necesario para el sector, ha dejado meridianamente clara su posición ante los convenios de la Educación Infantil:
- Los centros susceptibles de convenios deben tener una auténtica proyección social y por ello han de ser corresponsables en la escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales, minorías étnicas, culturales y población socialmente desfavorecida.
- Han de cubrir necesidades de escolarización y por ello, los centros deben estar incardinados en barrios donde puedan cumplirse los criterios que exige este requisito.
- Los centros concertados que firmen convenios se someterán al correspondiente control social de la mano de las Comisiones de Escolarización y dispondrán de un auténtico Proyecto Educativo integrador y que evite todo tipo de discriminaciones.
Pues bien, la propuesta que la Comisión Examinadora elevó el pasado día 9 de abril a la Consejera contenía media docena de centros en los que no se cumplían los criterios mencionados que CCOO introdujo en el Decreto y en la Orden de convocatoria de los convenios.
Con fecha 10 de agosto, la nueva Consejera de Educación, Eva Almunia, resuelve el recurso de reposición estimando que tres de los seis centros que recurrimos no cumplían los requisitos contenidos en la Orden de convocatoria. El Departamento de Educación da la razón a CCOO, así como a UGT, CSIF y FAPAR también recurrentes y se la quita a aquellos que de forma acrítica apoyaron la propuesta inicial, sin importarles quebrar, como reiteradamente advirtió nuestro Secretario General, el espíritu de consenso que sobre este tema se había alcanzado con gran esfuerzo desde la firma del Pacto por la Educación; espíritu de consenso que es lo único que nos puede permitir avanzar en este tema controvertido con prudencia, coherencia y respeto al necesario equilibrio que debe existir entre la red pública y la privada concertada en beneficio del conjunto de trabajadores y trabajadoras del sector.
(TE Estatal, septiembre de 2001)
20.- CCOO convoca huelga en todas las universidades públicas de España
El Consejo de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO decidió el pasado día 3 de octubre convocar una jornada de huelga en todas las Universidades del Estado para intentar corregir la desacertada política del Gobierno del PP en materia de Universidades. El paro, que se realizará el día 7 de noviembre y que convocamos conjuntamente con otras organizaciones sindicales y de estudiantes, es el último recurso que nos queda para intentar modificar el Proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LOU) elaborado por el Gobierno, actualmente en trámite parlamentario.
Nadie pone en duda que la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983 había cumplido sus objetivos sobradamente y precisaba de una modificación importante, pero el alto nivel de secretismo con que el Gobierno ha elaborado el borrador de la Ley de Universidades, la imposibilidad real de negociar ningún elemento fundamental de la misma y la urgencia en su tramitación, rompen el consenso existente sobre la necesidad de reformar la LRU y nos hace temer que el próximo curso 2002/2003 las Universidades españolas no se regirán por una Ley del Estado, que por tanto debería tener un alto nivel de consenso, sino por una Ley del PP.
La Federación de Enseñanza de CCOO ha denunciado e intentado corregir, mediante la presentación de innumerables propuestas, los aspectos más negativos de la LOU. El primero hace referencia a la profunda desconfianza que el Gobierno del PP tiene hacia la Universidad, pues la LOU es un ataque frontal a la actual autonomía universitaria. Ésta sale mermada con la creación de un Consejo de Gobierno en el que, dando cabida a intereses políticos y corporativos mediante la presencia de representantes del Consejo Social, se impedirá que sea el auténtico órgano de dirección de la Universidad; pero la autonomía universitaria se rompe, definitivamente, con la composición de los futuros Consejos Sociales en los que la comunidad académica perderá presencia, sustituyéndose a los actuales agentes sociales con representatividad contrastada en las urnas por personalidades de la vida cultural, económica y social, lo que abrirá la puerta a intereses políticos, económicos, etc. Mucho nos tememos, permítaseme la ironía, que conociendo el concepto de cultura que en ocasiones maneja el PP, nos encontremos con Norma Duval o Jaime Morey en los Consejos Sociales de algunas de nuestras Universidades. Finalmente, la supuesta mayor participación democrática de un rector elegido por sufragio universal ponderado, en realidad va a suponer una politización de la Universidad, una limitación de las funciones del Claustro entre las que ya no estará la de controlar la gestión del Rector a quien antes elegía y una menor fuerza de representación por parte del PAS y de los Estudiantes, cuyo voto valdrá mucho menos que el de otros sectores.
En segundo lugar denunciamos la inexistencia de un Plan de Financiación que permita la aplicación de la Ley y la equiparación al entorno europeo. En España dedicamos a financiar la Universidad medio punto menos del PIB que nuestro entorno, lo que supone un gasto de 5.038 dólares por estudiante, frente a una media de 9.063 dólares por alumno en los países de la OCDE (Informe Regards sur l´education de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico correspondiente al año 1999). Unido a lo anterior no existe ningún plan de compensación interterritorial que permita la equiparación financiera de las Universidades de las diferentes Comunidades Autónomas, hoy sometidas a profundas diferencias en cuanto a su capacidad económica y presupuestaria.
La LOU es especialmente negativa en materia de personal. Respecto del Profesorado, destacamos la ausencia de una carrera académica que evite la actual separación en cuerpos estancos realizando las mismas funciones; nos oponemos al sistema de habilitación central que se plantea para el acceso a la docencia, pues es un ataque más a la autonomía universitaria, será causa de corporativismos y no solucionará los problemas relacionados con la endogamia que se dice querer resolver con la propuesta contenida en la LOU. Se expulsa de la Universidad a los profesores en formación obligándoles a una “trashumancia” de dos años para poder optar a una plaza de Ayudante doctor en su Universidad de origen y finalmente va a suponer una alta precarización en el empleo docente, pues en la plantilla puede haber hasta un 49 % de profesores contratados -hemos conseguido modificar el modelo de contratación administrativa que proponía el borrador inicial por el de contratación laboral- La LOU desconoce totalmente la figura del Personal de Administración y Servicios (PAS). Están ausentes en la futura Ley que ignora su importancia para el mantenimiento de la Universidad y como sostén de la docencia y la investigación.
Sobre los estudiantes, igualmente se merma su capacidad de participación y se juega con ellos en lo referente a la desaparición de la Selectividad, pues en ausencia de ésta dispondrán de una Reválida al finalizar el Bachillerato y de pruebas específicas por universidades para el acceso a las mismas.
Todas estas razones y algunas más han hecho que una mayoría social se oponga a esta Ley: desde los Sindicatos progresistas hasta los Rectores, desde IU hasta el PSOE pasando por el PNV y el Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados. La LOU sólo la apoya, blindado en su mayoría absoluta, el PP y aquellos partidos que tienen cuentas pendientes con él: Coalición Canaria que necesita financiación para su Comunidad y Convergencia y Unión que necesita del apoyo del PP en el Parlamento catalán.
El 27 de septiembre pasado comenzó el debate de la Ley de Universidades en el Congreso de los Diputados con la previsión de finalizar el proceso parlamentario en el mes de marzo de 2002; mucho nos tememos que el Gobierno propicie un adelanto en el debate con el objeto de quitárselo de encima rápidamente y hurtar la importante discusión de las enmiendas de los grupos parlamentarios. Sólo nos queda ya un único camino para modificar el contenido de la Ley: la movilización contundente que favorezca la aprobación de las enmiendas progresistas presentadas, entre ellas las elaboradas por CCOO.
(El Periódico de Aragón, Octubre de 2001)
21.- Algunas claves de la crisis en el Departamento de Educación
El pasado 11 de julio la Sra. Alejos-Pita nos sorprendía con su dimisión irrevocable de la Consejería “por cuestiones personales”, anunciada directamente en una rueda de prensa que había convocado previamente para tratar el desarrollo del Pacto por la Educación. La sorpresa, sin embargo, fue momentánea pues se trataba de un desenlace más que posible dado el cariz que adoptaban los acontecimientos en la educación aragonesa a lo largo de los últimos meses.
Se ha dicho en alguna publicación que la radicalidad de CCOO era una causa de la dimisión de Alejos-Pita. Afirmación gratuita. CCOO hace de la negociación uno de los aspectos esenciales de su acción sindical y por ello hemos participado activamente y apoyado la inmensa mayoría de acuerdos adoptados desde la firma del Pacto por la Educación en las diferentes Mesas de negociación: homologación retributiva, jubilaciones LOGSE, oferta de empleo público, nuevo régimen de permisos y licencias, financiación del segundo ciclo de infantil en los centros concertados que cumplan determinados requisitos, acuerdo de escolarización, revisión del acuerdo de interinos, recolocación del profesorado de centros en crisis, acuerdo sobre salud laboral, etc. ¿puede decir alguien, sin faltar a la verdad, que CCOO radicalizó sus planteamientos para provocar la dimisión de Alejos-Pita?
Cierto es, sin embargo, que la gestión de la anterior Consejera durante sus últimos meses de mandato (marzo de 2001 en adelante) fue caótica, sometida a una profunda parálisis y convirtió en chapuzas considerables lo que en principio deberían haber sido éxitos políticos. Recordemos por ejemplo la convocatoria chapucera del programa de gratuidad de libros de texto en Primaria, la supresión de cupos de Asesores de Formación en los CPRs, el intento de eliminación del Programa de Compensatoria en Primaria, la incapacidad para resolver el conflicto de Música y Plástica en el primer ciclo de la ESO, la resolución inadecuada de la convocatoria de convenios en E. Infantil en la Enseñanza Concertada … Y ante todos estos temas, CCOO hizo lo que siempre ha hecho y seguirá haciendo como sindicato de clase, reivindicativo e independiente de las consignas de cualquier partido político: alentó, promovió y estuvo al frente, junto con otros sindicatos, de las movilizaciones que se plantearon y que permitieron resolver la mayor parte de estos problemas, ya enquistados en el Departamento.
Cierto es también que la anterior Consejera cometió un grave error político que provocó el mayor de los rechazos por parte de CCOO: su intención por incumplir el Pacto por la Educación posponiendo sine die la presentación de la Ley de Financiación en las Cortes de Aragón. CCOO no acepta que se paralice esta Ley, única garantía sólida del cumplimiento del Pacto por la Educación y elemento decisivo para que diéramos nuestro apoyo a dicho Pacto. Por ello nos opusimos con la mayor contundencia a una decisión, posteriormente reconducida por las Cortes de Aragón, que unánimemente aprobaron la Proposición no de Ley presentada por IU instando a la presentación de la Ley antes del 30 de septiembre de 2001. Las Cortes recondujeron una decisión incorrecta, a la vez que infligieron una de las mayores descalificaciones políticas que soportó en su mandato la Sra. Alejos-Pita.
Así pues, la descoordinación, la parálisis, la ausencia de dirección acentuada por la personalidad de alguno de sus altos cargos, los conflictos de final de curso … fueron algunas de las claves que precipitaron la dimisión de Alejos-Pita. La nueva Consejera, Eva Almunia, debe aprender de los errores de su antecesora para reconducir el funcionamiento del Departamento de Educación. Pero hay una clave fundamental que pesó sobre la gestión de la Consejera anterior y pesará sobre la nueva dificultando sus posibilidades de éxito: el importantísimo déficit que soporta el Departamento de Educación superior a los 7.000 millones de pesetas y reconocido ya por el propio Gobierno PSOE-PAR. No insistiremos en la transferencia insuficiente que CCOO no apoyó, ni en el Presupuesto educativo para 2001 que reiteradamente hemos manifestado que era insuficiente, pero sí haremos un llamamiento con propuestas concretas al Gobierno para que se equilibre el déficit y se produzca un aumento del presupuesto educativo acorde con las necesidades que demanda la Educación aragonesa.
(TE de Aragón, octubre de 2001)
22.- El Presupuesto de Educación se acerca a las previsiones de CCOO
La Federación de Enseñanza de CC.OO. Aragón reclamaba un incremento del 15 % del presupuesto educativo para 2002 en la rueda de prensa de inicio de curso que celebramos el 17 de septiembre pasado. Los medios de comunicación recogían esta demanda de CC.OO. que algunas personas e instituciones no dudaron en calificarla de “fantástica” y alejada de las posibilidades financieras de nuestra Comunidad Autónoma.
Nuestra justificación, sin embargo, era contundente: la Educación aragonesa soportaba un “agujero” en el capítulo de personal estimado por CC.OO. en 6000 millones que asfixiaba cualquier posible actuación novedosa y que era preciso equilibrar; había que recoger en el capítulo de personal los 2500 millones procedentes de la homologación retributiva que figuraban en la sección 20 y había que consignar en el capítulo I; era preciso actualizar el presupuesto al incremento interanual del 3,7 % producido en el IPC y había que poner en marcha medidas prioritarias para CC.OO. de las previstas en el Pacto por la Educación: aumentar las inversiones en la enseñanza no universitaria pasando de 3750 a 4500 millones para poder realizar el Plan de remodelación y de construcción de nuevos centros; acometer la firma de convenios con los Ayuntamientos para iniciar la red pública de escuelas infantiles 0-3; potenciar las políticas progresistas impulsadas por la Dirección General de Renovación Pedagógica relacionadas con la Atención a la Diversidad (Orientación, Inmigración, etc) y la Formación del Profesorado (modelo de formación, licencias por estudio y proyectos de innovación); iniciar, de una vez, la reducción de la jornada lectiva para los mayores de 54 años; las medidas que deriven de la aplicación de la Ley de Educación Permanente cuando ésta sea definitivamente aprobada por las Cortes de Aragón y la creación de la Mesa de Universidad que permita negociar el incremento retributivo del profesorado de la Universidad y la mejora de las condiciones laborales y económicas de los Becarios de Investigación.
La realidad afortunadamente no se ha alejado en exceso de nuestra demanda inicial. El presupuesto para 2002 será de 112.030 millones de pts. lo que supone un aumento del 13 % respecto del presupuesto de 2001 que ha sido de 99.000 millones.
Con toda virulencia, unos días después de nuestra rueda de prensa, los medios de comunicación destaparon el déficit soportado por Educación: a los 6000 millones de personal había que sumar 1200 millones de otros capítulos, siendo posible que a final del ejercicio 2001 estuviésemos redondeando los 7500 millones de pts. Ya nadie era capaz de negar la evidencia, el propio Departamento de Educación, el de Economía, voces autorizadas del PSOE y de otros partidos tenían que dar la razón a CC.OO. y reconocer que la transferencia educativa apoyada por casi todos había sido insuficiente. Por fin se aceptaba explícitamente la evidencia, lo que conllevaba la necesidad de proveer fondos suficientes para una Educación aragonesa lastrada e incapaz de levantar el vuelo desde la Educación Infantil a la Universidad.
Y así, seguramente como resultado del pacto alcanzado con IU que hacía de la Educación una prioridad política en su negociación con el Gobierno PSOE-PAR, se aumenta en 13.000 millones el presupuesto de Educación para el próximo ejercicio, equilibrando el déficit reconocido de 7200 millones y consignando partidas suficientes para inversiones (4500 millones en la no universitaria asumiendo lo que fue una propuesta inicial de CCOO), para la red de escuelas infantiles 0-3 (359 millones), para el centro de Educación Especial con residencia en Zaragoza, para la homologación retributiva del profesorado y del personal no docente de la red pública que ha de aplicarse en enero y septiembre de 2002, así como para el profesorado de la enseñanza concertada, etc, acercándose con ello a las necesidades reales planteadas desde CC.OO.
Respecto de la Universidad, el presupuesto pasa de 18412 millones correspondientes a 2001 a 19313 para 2002, lo que supone un incremento del 4,9 %, sin embargo es un 6,5 % en las partidas destinadas a gasto corriente en perjuicio de los capítulos de inversiones que disminuyen sensiblemente por la finalización del programa 2000. Con las cantidades inicialmente previstas vemos difícil que se pueda dar respuesta a la demanda sindical de incremento retributivo del Personal Docente e Investigador, aunque es preciso confiar en que la tramitación parlamentaria del proyecto de Presupuesto introduzca alguna enmienda que pueda permitir reconducir esta insuficiencia inicial, lo que propiciaremos y apoyaremos desde CC.OO.
CC.OO. valora positivamente el esfuerzo realizado por PSOE, PAR e IU para acercar el presupuesto educativo a las necesidades reales de la Educación aragonesa. No es el presupuesto de CC.OO. pero, sin duda, se aproxima mucho más a nuestras previsiones iniciales.
(Heraldo de Aragón, Noviembre de 2001)
23.- CCOO se suma a un acuerdo regulador de las itinerancias profundamente transformado
La Federación de Enseñanza de CC.OO. de Aragón se adhirió el lunes 19 de noviembre pasado, al Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del profesorado Itinerante mediante la firma de un documento suscrito por el Director General de Personal de Educación, D. Santiago Aldea y por el Secretario General de la Federación en Aragón, Manuel Martínez, en el que ambas partes reconocen que el acuerdo regulador de las Itinerancias ya no es sólo el adoptado en la reunión de Mesa Sectorial de 7 de septiembre pasado que CCOO no firmó, sino que, formando un todo indisoluble con él se encuentran las Instrucciones dictadas por el Departamento para la confección de los horarios y todas las Actas de la Comisión de Seguimiento que se han celebrado hasta la fecha y las que se continúen realizando a lo largo del curso.
En la reunión de la Comisión de Seguimiento celebrada el mismo día 19 de noviembre que ya ha contó con la presencia de CC.OO. se aprobó por unanimidad un texto negociado previamente entre CC.OO., UGT y CSIF que permite que todo el profesorado pueda computar kilómetros a efectos económicos y de reducción del horario lectivo al principio y al final de la jornada, sin necesidad de acreditar su paso por la cabecera del CRA. Con este último acuerdo, demanda fundamental de CC.OO. que al no ser aceptada impidió nuestra adhesión al acuerdo desde el primer momento, se consigue que la totalidad del profesorado itinerante de nuestra Comunidad mejore las condiciones en que realiza su trabajo.
CC.OO. se ha sumado a un acuerdo que en palabras del Secretario General de la Federación aragonesa, Manuel Martínez “está profundamente transformado, pues las movilizaciones realizadas a lo largo de los últimos meses han facilitado que UGT y CSIF –sindicatos firmantes- introdujeran en la Comisión de Seguimiento múltiples decisiones que mejoran sustancialmente el acuerdo de la Mesa Sectorial de septiembre”, manifestando así mismo que “valora positivamente el talante negociador del Departamento y en particular del Director General de Personal Sr. Aldea quien ha facilitado en estas últimas semanas, a los sindicatos no firmantes, la presentación de propuestas que permitieran nuestra adhesión al acuerdo”.
(TE Estatal, diciembre de 2001)
El blog de Manuel Martínez 