El primer acto de la confrontación pública-privada ya se ha consumado: Podemos, que escribe en la educación aragonesa al dictado de la CGT, encendió la mecha en la enseñanza concertada exigiendo al PSOE, para aprobar los Presupuestos, la no concertación de un determinado número de unidades de educación infantil. La derecha política aragonesa, las patronales del sector, las organizaciones representativas de las familias y los sindicatos FSIE y USO han aprovechado esa mecha encendida para hacer estallar la bomba del conflicto. Yo no sé si Podemos/CGT eran o no conscientes de la que iban a preparar, pero es incuestionable que la respuesta de la enseñanza concertada en las calles de Zaragoza ha sido contundente.

 

¿Y ahora qué? Porque las exigencias de Podemos/CGT parece que terminan en la no concertación de hasta 28 unidades de educación infantil, pero las de los convocantes de la manifestación del 4 de abril apuntan a esos “sacrosantos” derechos constitucionales a los que no les ponen límite ni limitación alguna: la libertad de enseñanza, la libre elección de centro … Curiosamente, ni los unos ni los otros priorizan lo que para los presidentes, comités de empresa y delegados de personal de CCOO y UGT es el problema fundamental: la previsible destrucción de empleo que la exigencia de Podemos/CGT va a producir en la enseñanza concertada. Y sin embargo, ésta debería ser la preocupación fundamental de todos porque, en la actual coyuntura socioeconómica, no nos podemos permitir la destrucción de un solo puesto de trabajo más, en ningún sector, y mucho menos en el servicio público educativo. Con la misma decisión que luchamos contra la destrucción de puestos de trabajo en la enseñanza pública durante la legislatura 2011-2015 en la que gobernaba el PP, debemos hacerlo también en ésta en la que gobierna el PSOE y la CHA.

 

¿Y ahora qué? me he preguntado unas líneas más arriba. La mecha se consumió y provocó el estallido de la bomba que se ha traducido en una impresionante manifestación por las calles de Zaragoza. La magnífica colección de fuegos artificiales preparados por la exigencia de Podemos/CGT ya ha estallado, ha llegado el momento de hacer borrón y cuenta nueva porque, desde mi punto de vista, ahora es el momento de hablar, de llegar a acuerdos y de actuar.

 

Esos acuerdos deberían partir de una necesaria planificación educativa que seguramente ya tendrá hecha el Gobierno de Aragón, un proceso de escolarización modélico y transparente en el que se ajuste convenientemente la demanda a la oferta de plazas escolares, priorizando la escolarización en la enseñanza pública en aquellas zonas donde convivan ambas redes y la oferta supere a la demanda, la escolarización del alumnado con necesidades de apoyo educativo de manera equilibrada entre ambas redes, la reducción de la ratio alumnos/aula en educación infantil, para equilibrar al máximo la demanda de escolarización en esta etapa con las plantillas de los centros y mejorar con ello la calidad de la enseñanza y finalmente hay que asegurar medidas efectivas de gratuidad de la enseñanza en la red concertada.

 

Y en materia laboral, hay que recuperar definitivamente los derechos perdidos en la enseñanza pública como la adecuación de la jornada lectiva en secundaria a la existente en 2010, la recuperación de las licencias por estudio, la convocatoria de grandes ofertas de empleo público docente, la incentivación del trabajo docente en el medio rural o la mejora de las condiciones laborales del profesorado interino, entre otras cosas. Y en la enseñanza concertada es urgente que se ponga ya a la firma de los sindicatos con representación en el sector del “Protocolo para promover la estabilidad, mantenimiento del empleo y mejora de condiciones del profesorado y personal no docente de educación privada concertada en la comunidad autónoma de Aragón” que ha venido negociándose a lo largo de los últimos meses.

 

Como dice una antigua expresión popular “después de la tempestad viene la calma”. Pues sí, es necesario que venga la calma a la educación aragonesa de la mano del diálogo político, sindical y social, sin imposiciones, porque ni hay condiciones objetivas para acabar con la enseñanza concertada como de manera demagógica proclaman algunos, ni ésta tiene derechos ilimitados como con la misma carga de demagogia pretenden los contrarios. Impidamos entre todos la escalada de un conflicto educativo que nos perjudica a todos.

 

PUBLICADO EN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN EL 6 DE ABRIL DE 2017

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