Este artículo es la versión periodística de una resolución que preparé para el reciente congreso de la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón que se celebró el pasado 18 de marzo.

 

El reciente acuerdo político relativo a la posible no concertación de hasta 28 unidades escolares de Educación Infantil en la enseñanza concertada aragonesa ha reabierto el eterno debate pública-privada, con la consiguiente tensión que dicho debate produce entre los trabajadores y los usuarios de ambas redes. Detractores y defensores de la red pública y de la concertada, tanto del mundo político como sindical, han comenzado a plantear múltiples razones y argumentos, muchos justificados, otros peregrinos y casi todos atravesados por un filtro ideológico, excesivamente sesgado, que tacha de izquierdas a los defensores de la enseñanza pública y de derechas a los que apoyan a la concertada. Y sin embargo, como casi todo en esta vida, nada es blanco ni negro porque, afortunadamente, está recorrido por una amplia gama de grises que justifican la existencia de esta sociedad plural y mestiza por la que muchos apostamos.

 

El debate sobre el modelo, sobre la planificación educativa, sobre los límites del derecho a la libertad de elección de centro, etcétera, es siempre necesario porque ayuda a contextualizar esos grandes principios a la realidad escolar concreta; pero la confrontación pública-privada es negativa y además, históricamente, ha perjudicado a la enseñanza pública y a los sindicatos de clase.

 

Desde el sindicalismo confederal y de clase que representamos CCOO, hacemos una apuesta clara por la enseñanza pública, lo que se concreta en nuestra permanente demanda de más y mejores infraestructuras, de más y mejores equipamientos y recursos educativos y de más y mejores condiciones laborales para todos los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública. Conseguir esos objetivos es para nosotros la mejor defensa de la enseñanza pública. La defensa de la enseñanza pública conlleva también la exigencia en los períodos de escolarización de que se priorice la escolarización en los centros públicos si hay más oferta que demanda de plazas escolares en aquellas zonas educativas donde convivan centros públicos y concertados.

 

 

Pero la defensa de la enseñanza pública no oculta a los sindicatos confederales y de clase, el reconocimiento de que muchos centros concertados cubren necesidades de escolarización a las que no puede dar respuesta la red pública y tampoco nos oculta que la escolarización del alumnado con necesidades de apoyo educativo se realiza de forma mayoritaria en la red pública, siendo éste uno de los elementos que más tensión genera entre ambas redes, por ello venimos exigiendo que todos los centros concertados escolaricen en pie de igualdad con los centros públicos al alumnado con necesidades de apoyo educativo. Nuestra condición de sindicatos de clase exige, en otro orden de cosas, la defensa sin ambages de los trabajadores y trabajadoras; de todos, los de la red pública y los de la concertada, lo que nos lleva a oponernos a medidas que supongan la supresión injustificada de puestos de trabajo en cualquiera de las redes o, en todo caso, nos lleva a exigir fórmulas que permitan la recolocación de aquellos trabajadores y trabajadoras que se vean afectados por la pérdida de su empleo.

 

Como vemos, desde el sindicalismo de clase al que yo me adscribo, el binomio pública-concertada y los problemas que este binomio genera en el sistema educativo está recorrido por una amplia gama de grises cuya resolución ni es fácil, ni puede alcanzarse de forma unilateral desde una de las partes: Administración educativa, Patronales, Sindicatos, Familias, Partidos Políticos … Una vez más hay que sentarse en torno a una mesa y hablar, una vez más el diálogo social puede convertirse en el mejor antídoto frente a la confrontación. Tenemos que ser conscientes, de que en la educación aragonesa la confrontación enseñanza pública-enseñanza privada vuelve a producir una grave problemática que puede desembocar en una nueva “guerra escolar” que debemos impedir por todos los medios, en beneficio del sistema educativo aragonés en general y de la enseñanza pública en particular.

 

Hay que buscar soluciones en el marco del diálogo, liderado por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que puede y debe convocar a todos los Sindicatos de Enseñanza, a las Patronales y a las organizaciones representativas de las Familias para que constituyan de manera inmediata las mesas de diálogo social y de negociación que procedan, con el objetivo de buscar una salida razonada y razonable a la crisis que se está generando en el sector educativo aragonés. Diálogo, que a mi juicio deberá buscar el equilibrio entre varios aspectos: necesidades reales de escolarización que producirán la necesidad de unidades para concertar; datos reales de la población en edad escolar (3 años) y de su disminución cierta y persistente; conveniencia de reducir la ratio alumnos/aula en todos los niveles educativos pero especialmente en la Educación Infantil; atención equitativa en ambas redes del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo; garantía de gratuidad real de las enseñanzas objeto del concierto y preservar los puestos de trabajo de los trabajadores afectados.

Publicado en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el 21 de marzo de 2017

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