TrabajoDecente

Cada 7 de octubre, desde hace quince años, celebramos la jornada mundial por el trabajo decente para exigir que se cree empleo estable, con derecho a la negociación colectiva de las condiciones laborales, con un salario digno, con protección social del trabajador y de su familia, en condiciones de seguridad, en igualdad de condiciones para los hombres y para las mujeres … En definitiva, que el trabajo sea una actividad que dignifique a la persona, que permita el desarrollo de sus capacidades y que además de crear riqueza y contribuir al desarrollo económico mediante la producción de bienes y servicios sirva también, y sobre todo, para configurar una sociedad justa, democrática, en paz y de personas libres, porque no me cabe ninguna duda que uno de los elementos fundamentales que cimentan la paz social y los valores democráticos es el acceso de las personas a un trabajo decente.

 

            El concepto de trabajo decente fue acuñado por la Organización Internacional del Trabajo en 1999. A partir de esa fecha, el movimiento sindical mundial se moviliza cada año para exigir que el trabajo sea decente con la mirada puesta en los países menos desarrollados. Poco podíamos imaginar en nuestro primer mundo que lo que en un principio se formuló como reivindicación para los países en vías de desarrollo iba a adquirir tanta vigencia en los países desarrollados, como consecuencia de una crisis económica que ha profundizado las desigualdades sociales y ha generado desempleo, desprotección, desigualdad y pobreza. Comisiones Obreras denuncia que en España ya son trece millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza y de exclusión social, de las que tres millones padecen pobreza severa, siendo especialmente grave la tasa del 26,7% de pobreza infantil, más de dos millones de niños y de niñas. También se sabe que la mitad de nuestros jóvenes no tienen posibilidad de encontrar trabajo, que hay más parados de larga duración y que, además, cada vez hay más desempleados que no cobran ningún tipo de ayuda.

 

            La visión de nuestra realidad más cercana no puede ocultar que en el mundo hay extensas regiones en África, en Asia Meridional o en América Latina donde la situación es aún más grave; donde millones de trabajadores viven con menos de dos dólares diarios, trabajan sin ningún tipo de contrato, sin seguridad y sin derechos laborales y sociales; donde, incluso, se producen situaciones asimilables a la esclavitud que afectan incluso a la población infantil.

 

            La lucha por el trabajo decente en España y en todo el mundo ha de servir para recuperar el valor del trabajo y para que éste se produzca en unas condiciones de empleo dignas, recuperando su carácter humanizador y articulando un correcto equilibrio entre los períodos de trabajo y los de descanso. Ha de servir para repensar la empresa e impulsar sus expresiones no mercantiles, para repensar la economía y ponerla al servicio de la persona; en definitiva, ha de servir para repensar el sentido de nuestra vida personal y colectiva.

 

            Estos grandes objetivos a medio y largo plazo no pueden ocultar las necesidades inmediatas que nos tenemos que proponer y conseguir en una jornada como la del trabajo decente. Por ello, creo que el movimiento sindical español y sus dos grandes confederaciones, CCOO y UGT aciertan, impulsando en la actual coyuntura la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que se ha puesto en marcha para una Renta Mínima. Una ILP que debe aprobarse en la próxima legislatura y en la que se reclama el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en todo el Estado de 426 euros mensuales para todas aquellas personas que no perciban ingresos o que estos sean inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Es de ley. Pero además es justo, porque con esta prestación se ampliará la protección social a más de dos millones de personas -41.000 en Aragón- que hoy están en situación de pobreza extrema y de exclusión social como consecuencia del desempleo y de los brutales recortes sociales que se han producido en España en estos últimos años.

 

            Es preciso volver a situar el valor del trabajo en el centro de la economía y de las relaciones laborales y que la persona y los derechos sociales de la ciudadanía sean el eje prioritario de las políticas de los gobiernos. Y cuando hablo de la persona y de los trabajadores, no solo me refiero a los aragoneses y a los españoles; pienso también en los que intentan llegar al primer mundo con la esperanza de una vida mejor.

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