Fernando-Rogia

El representante de Stop Desahucios Fernando Escribano y Rogia Adam saliendo del Juzgado de Tarazona

Nadie pone en duda que los jueces tienen que aplicar la ley, aunque no nos gusten sus decisiones, siempre que se ajusten a la legalidad vigente. Por ello, tenemos que cambiar las leyes injustas como la que expulsa de sus viviendas a tanta gente afectada por desahucios, en estos tiempos de profunda crisis económica y social que aboca a la pobreza a miles de personas, lo que haremos con mayorías políticas muy diferentes a las que actualmente sustentan al Gobierno.

Pero ¿aplicó correctamente la legalidad la Juez de Tarazona, ordenando el pasado viernes 12 de diciembre el lanzamiento de Rogia y de su niña de 8 años de la vivienda que ocupan, propiedad de su marido, sobre el que pesa una orden de alejamiento por violencia machista dictada por la misma Juez?

No. Creo sinceramente que su señoría no realizó una interpretación correcta de la legalidad. Creo, sinceramente, que la Juez de Tarazona pudo equivocarse.

La Juez pudo equivocarse cuando calificó el desahucio mediante la peculiar figura llamada “desahucio por precario”. El precario significaría que el marido (propietario) cede el uso y disfrute de la vivienda con carácter gratuito y por un periodo de tiempo cierto a otra persona (su esposa) o que ésta ha ocupado ilegalmente dicha vivienda, lo que evidentemente no fue así. La Juez conocía que ésta era la vivienda habitual del matrimonio cuando dictó el auto de alejamiento del marido por violencia machista, y a quien le dice que se aleje es al marido violento, permaneciendo la persona agredida y su hija en el domicilio familiar, al que no han accedido ni por ser okupas, ni por una cesión gratuita propias del precario, sino haciendo uso del derecho familiar que les corresponde como esposa e hija respectivamente.

Su Señoría pudo equivocarse cuando desoyó el convenio firmado el 3 de junio de 2013 por el Gobierno de Aragón, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, sobre la “detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social”. Y sin embargo se le pidió que atendiese ese convenio para paralizar el desahucio. Se pidió a la Juez de Tarazona que atendiese lo dispuesto en este convenio que faculta a los Jueces a “adecuar la tramitación del desahucio para garantizar la tutela y efectividad de los intereses legítimos de ambas partes”. Así mismo, ante una “eventual situación de especial vulnerabilidad” como la que se da en este caso, los Jueces están facultados para evitar el lanzamiento y “dar cuenta a los Servicios Sociales” para que “acometan la actuación que proceda”. Entre otras, que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales incluyera a Rogia en un programa de vivienda social. Pero la Juez no hizo caso de este convenio. Realizó una interpretación literal argumentando que el convenio no es aplicable, puesto que Rogia no es la deudora hipotecaria ni está obligada a pagar una renta que son los dos supuestos contemplados en el convenio.

Lamento afirmar que en este caso, la señora Juez de Tarazona ha actuado con una visión sesgada y reduccionista. Ha realizado una interpretación de la norma basándose exclusivamente en su interpretación literal, olvidándose por completo de los otros elementos que deben formar parte de una correcta interpretación jurídica: el sociológico que atiende a la realidad social del tiempo en el que debe aplicarse la norma (los Jueces deben ser especialmente sensibles a este elemento en estos tiempos tan difíciles para tantas familias) y sobre todo el teleológico, es decir, la finalidad que se pretende conseguir con la norma que no es sino la protección de las personas más vulnerables y en grave riesgo de exclusión social: en este caso Rogia y su hija.

Espero y deseo que la movilización de Stop Desahucios, así como las próximas movilizaciones que puedan convocarse en el marco de la Cumbre Social de Tarazona sigan paralizando éste y otros lanzamientos injustos. Pero también espero y deseo que la Judicatura y las Administraciones, la municipal de forma prioritaria, sean más sensibles y atiendan mejor a los que peor están.

Publicado por HERALDO DE ARAGÓN el 23-12-2014

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