Un reciente informe de la Fundación 1º de Mayo de CCOO, “El gasto público: un falso culpable”, demuestra con datos incuestionables que el déficit público (mayores gastos realizados por las Administraciones que ingresos recaudados por las mismas) no es lo que provoca la crisis, sino al revés: es según el informe “la crisis que nace en el ámbito privado –en especial en el binomio inmobiliario-financiero- la responsable del déficit en las cuentas públicas”.

En 2007, el conjunto de las Administraciones Públicas tuvieron un superávit de 20.066 millones de euros. Dos años más tarde sin embargo, ya en plena crisis, esas mismas Administraciones arrojaron un déficit de 117.306 millones de euros, es decir, se produjo un deterioro en las cuentas públicas de 137.372 millones de euros.

Pero, no es cierto que el deterioro de las cuentas públicas se produzca por un exceso de gasto. Como dice el Informe citado “es falso que en España haya un gasto público excesivo” porque históricamente, el gasto público en nuestro país está muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno: “en 2007, los recursos gestionados por las Administraciones Públicas equivalían al 39,2% del PIB, una cifra inferior en 6,6 puntos a la media de la Unión Europea y 12,2 puntos por detrás de Francia”.

La generación del déficit, demuestra el Informe, se debe a partes iguales, al aumento de los gastos sociales consecuencia de la crisis y a la caída de los ingresos. Pero si tenemos en cuenta que en el período de crisis, la evolución del gasto en España fue similar a la media de la Unión Europea, cabe concluir que nuestro mayor déficit respecto de la UE no lo causó la evolución del gasto, sino el desplome de los ingresos.

Es pues un “principio ideológico” considerar que el déficit público se debe a un exceso de gasto y apostar, como hace el Gobierno de España siguiendo las instrucciones de Merkel y Sarkozy , por “una reducción acelerada del déficit, actuando sólo sobre el gasto, el resultado será un proceso muy doloroso en lo social e ineficaz en lo económico”.

Doloroso en lo social, porque para llegar al objetivo que se ha propuesto el Gobierno -3% de déficit en 2013- sólo se puede hacer recortando drásticamente los gastos sociales como pensiones y desempleo y los servicios públicos básicos como sanidad, educación y atención a la dependencia, así como eliminando la inversión pública. E ineficaz en lo económico, porque lejos de incentivar la actividad económica generará una mayor depresión, es una medida procíclica en lugar de anticíclica.

Esta política de reducción acelerada del déficit, como dice el profesor Josep Fontana en una brillante conferencia titulada “Más allá de la crisis” pronunciada en CCOO de Catalunya, va a profundizar en lo que el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, llama la “gran divergencia”, por la que el 1% de los más ricos van a enriquecerse mucho más a base de empobrecer aún más al 99% restante.

El profesor Fontana explica la tremenda influencia política que hoy han adquirido los empresarios, que justifica que los Estados, en la crisis, hayan corrido a salvar las empresas financieras “con rescates multimillonarios, pero no han hecho un esfuerzo equivalente por remediar la situación de los muchos ciudadanos que pierden sus hogares, al ser incapaces de seguir pagando las hipotecas, ni por asegurar estímulos a las actividades productivas con el fin de combatir el paro”. Concluye Fontana que “lejos de ello, lo que se ha hecho para justificar los sacrificios que se están imponiendo a la mayoría, es difundir la fábula de que la crisis económica se debe al excesivo coste de los gastos sociales del Estado y que la solución consiste en aplicar una brutal política de austeridad hasta que se acabe con el déficit público”.

Así pues, la obsesión por el déficit es una fábula, es una falacia, es falso, sencilla y llanamente. Y las políticas de austeridad que se aplican para reducirlo son incompatibles con el crecimiento económico. Como dice Peter Radford “La austeridad disminuye una economía. Es un acto de retroceso. Disminuye la demanda. Los ingresos caen. Pagar las deudas a partir de una menor cantidad de dinero significa que hay menos dinero para otros gastos. Del crecimiento se pasa a la decadencia”.

Las políticas de austeridad, nos recuerdan con insistencia tanto Krugman como Stiglitz, también galardonado con el Nobel, sólo benefician a los mismos que han causado el desastre, favoreciendo la continuidad de su enriquecimiento y empobreciendo a la mayor parte de la población.

Vivimos un momento en la evolución del sistema económico capitalista en el que ha desaparecido cualquier consideración moral. La única preocupación de quienes detentan el poder económico es seguir aumentando sin límite alguno su cuota de mercado y por tanto sus beneficios, aunque ello suponga la destrucción del Estado del Bienestar desapareciendo los servicios sociales, las ayudas a la dependencia o incluso gran parte de las pensiones y prestaciones sociales como la del desempleo y la privatización consiguiente de servicios públicos esenciales como la Sanidad y la Educación. La ofensiva empresarial, nos dice Josep Fontana, “no se limita a buscar ventajas políticas temporales, sino que aspira a una transformación permanente del sistema político”.

La Democracia está amenazada. Los poderes económicos han demostrado ya, tanto en Grecia como en Italia, que pueden derribar un Gobierno elegido democráticamente. La situación, desde mi punto de vista, es tan seria como grave. Está en un serio peligro el futuro de un modelo social con libertades, derechos laborales, económicos y sociales que nadie nos regaló, sino que los conquistamos a lo largo de muchos años, tras duras y largas luchas.

Es utópico pretender acabar con el capitalismo. Pero como utopía, desde la izquierda social y política podemos y debemos mantener ese objetivo. Es realista sin embargo, trabajar duro por la recuperación de un “capitalismo regulado” en palabras del profesor Fontana, que incluya los derechos sociales del Estado del Bienestar, frente al “capitalismo depredador y salvaje como el que se nos está imponiendo”.

Y para ello, desde el Movimiento Sindical Confederal, como el que representa CCOO, vamos a seguir manteniendo la mayor unidad de acción para conseguir frenar la pérdida de derechos, como acabamos de hacer con el “II Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva”, manteniendo intacto nuestro poder contractual.

Lo he dicho en innumerables ocasiones: en todas las crisis económicas hemos perdido por el desagüe del sistema económico innumerables derechos, que después hemos podido recuperar y conseguir otros nuevos gracias al poder contractual, a nuestro poder sindical de negociación con empresarios y gobiernos. Este II Acuerdo ha conseguido ese objetivo.

La lucha va a ser muy larga y para que sea efectiva conviene tejer redes amplias y tupidas de confianza, solidaridad y análisis compartidos, tanto en el movimiento sindical como en la izquierda política. Las disonancias “radicalóides” sólo servirán para debilitarnos, facilitando con ello el objetivo principal que en este momento tienen nuestras contrapartes: acabar o al menos debilitar al Sindicalismo Confederal y de Clase.