Durante los seis primeros meses de 2012 hemos retrocedido años luz en materia de formación para el empleo de la mano de los cambios normativos introducidos en la Reforma Laboral y de los recortes económicos expresados en los Presupuestos Generales del Estado. Éste ha sido un annus horribilis para la formación, quizás el peor en su casi 25 años de historia. En las líneas que siguen voy a intentar hacer un pequeño resumen de lo que fuimos y de lo que ya nunca más seremos en formación para el empleo.
CCOO ha estado y sigue estando profundamente implicada tanto en la formación de las personas que trabajan como en aquellas que se encuentran en situación de desempleo. Y lo hemos estado desde que se pusiera en marcha, a finales de los años 80, lo que entonces se llamaba Formación Ocupacional dirigida a los trabajadores desempleados, con el objetivo de facilitarles la búsqueda de empleo al alcanzar o mejorar sus competencias profesionales. Y posteriormente, a principios de los años 90, cuando firmamos los primeros Acuerdos de Formación Continua entre Organizaciones Empresariales, Sindicatos y Gobierno, extendiendo la formación a los trabajadores ocupados para mejorar su formación, con ello su cualificación profesional y consiguientemente promocionar en su puesto de trabajo y mejorar sus condiciones laborales. La formación para el empleo, con sus anteriores denominaciones, tiene ya una historia cercana a los 25 años.
El año 2007 fue importante para la formación para el empleo. Se publicó el Real Decreto 395/2007 que regula el subsistema de formación profesional para el empleo. Desaparecen las anteriores denominaciones de formación ocupacional y continua, sustituyéndose por formación para el empleo en la que se incluirán diversos planes, unos dirigidos preferentemente a trabajadores ocupados y otros a desempleados, pero en los que podían participar ambos en un porcentaje determinado. CCOO estuvo muy implicada en la negociación de ésta y otras disposiciones normativas que, en definitiva, no hacían sino llevar al BOE acuerdos bipartitos alcanzados entre los Sindicatos y las Organizaciones Empresariales y tripartitos en los que se incorporaba el Gobierno.
El papel de los agentes sociales en la formación para el empleo ha sido siempre muy importante. La Ley 56/2003 de Empleo, en su artículo 26 confería en exclusiva a “las organizaciones empresariales y sindicales más representativas” la facultad de diseñar y planificar el subsistema de formación para el empleo. El RD 395/2007 al que me he referido antes, regulador del subsistema de formación para el empleo, otorgaba en su artículo 24 a las organizaciones empresariales y sindicales, así como a las organizaciones representativas de la economía social y a las representativas de los trabajadores autónomos, la facultad exclusiva de participar en el desarrollo y ejecución de los planes de formación dirigidos preferentemente a trabajadores ocupados.
He enfatizado la exclusividad de la participación de las organizaciones empresariales y sindicales tanto en el diseño y planificación como en la gestión y ejecución posterior de la formación y seguro que alguno de mis lectores se preguntará el porqué de esta exclusividad.
La razón fundamental hay que buscarla en que el subsistema de formación para el empleo se financia, sobre todo, mediante la cuota de formación profesional que se recauda a través de nuestras nóminas. Mensualmente cotizamos los trabajadores un 0,1% y los empresarios un 0,6% a una bolsa que gestiona el Estado que llamamos “cuota de formación profesional”. Estamos pues ante una aportación que tiene como origen las rentas del trabajo. Los ingresos por cuota de formación profesional que, insisto, pagamos entre todos los trabajadores y empresarios, alcanzaron su máximo en el año 2009 con 2302 millones de euros, posteriormente han ido descendiendo, como es lógico, por la destrucción de puestos de trabajo. No obstante, en 2010 fueron de 2172 millones y en 2011 de 1894 millones de euros y suponen entre un 85 y un 90% del total de recursos que se invierten en nuestro país en formación para el empleo; es decir, las Administraciones complementan esta cantidad de sus presupuestos con una aportación que oscila entre el 10 y el 15%.
Parece evidente, por tanto, que seamos los Sindicatos en nuestra calidad de representantes del conjunto de los trabajadores, representatividad que revalidamos cada cuatro años en las Elecciones Sindicales y las Organizaciones Empresariales representativas de los empresarios, quienes desempeñemos ese papel protagonista en el diseño, planificación y gestión de la Formación para el Empleo.
Pues bien, así ha sido hasta ahora. ¿Cómo va a ser a partir de ahora?
Todavía nos encontramos en un escenario de profundas dudas y de grandes incertidumbres pero las últimas modificaciones normativas que se han introducido tanto en la Reforma Laboral promulgada mediante Real Decreto Ley el mes de febrero de 2012, Ley aprobada definitivamente el pasado 28 de junio y en los Presupuestos Generales del Estado aprobados a finales de marzo, indican que van a producirse grandes cambios y que estos van a ir en detrimento de la formación para el empleo en general, de los trabajadores ocupados y desempleados en particular que tendrán menos oportunidades de formarse y del papel que hasta ahora jugábamos los agentes sociales en esta materia.
Desde el punto de vista de CCOO, estos cambios persiguen, entre otros no menos nocivos, un objetivo principal: ampliar la cuota de participación de los centros privados en la formación para el empleo, en definitiva, privatizar al máximo tanto la planificación como la posterior gestión de la formación para el empleo.
La Ley de Reforma Laboral incluye a los Centros y Entidades de formación en el diseño y planificación de la formación para el empleo, en pie de igualdad con los Sindicatos y las Organizaciones Empresariales. Para ello modifica el ya comentado artículo 26 de la Ley de Empleo de 2003. Así mismo modifica el artículo 24 del Real Decreto de 2007 regulador del subsistema de formación para el empleo y de igual manera incorpora a los Centros y Entidades de Formación a la gestión de los planes de formación de trabajadores ocupados, en pie de igualdad con los Agentes Sociales, la economía social y los autónomos que ya participábamos en ellos.
¿Qué legitimidad, me pregunto, tienen los Centros y Entidades privadas de formación para pasar de actores secundarios a protagonistas? Porque no solamente hablamos de la gestión en la que ya participaban otros actores, incluidos ellos como actores secundarios, sino que incluso hablamos del diseño y planificación. Desde nuestro punto de vista no tienen ninguna legitimidad, más allá de que son centros que han de estar inscritos en un Registro de la Administración estatal o autonómica. Ni participan en ningún proceso electoral en el que demuestren su solvencia y representatividad, ni realizan ninguna aportación significativa a la cuota de formación profesional, más allá de la que estén obligados a cotizar por sus trabajadores.
El objetivo del Gobierno del PP con la aplicación de esta medida está conseguido: reducir al máximo posible la capacidad de intervención de las organizaciones sindicales y empresariales, lo que nos parece un grave error, pues somos quienes conocemos en profundidad las necesidades y demandas del mercado de trabajo, las necesidades y demandas de formación de las personas trabajadoras. Y atender estas necesidades, tanto de trabajadores como de empresas, es el fin principal de la formación para el empleo y por el que nosotros desempeñamos este papel protagonista.
Pero no es éste el único error en los cambios normativos. No me detendré en ello porque no es el objetivo de este artículo en el que fundamentalmente quiero denunciar el ninguneo al que se nos quiere condenar a los agentes sociales en formación para el empleo, pero enunciaré la disconformidad de CCOO con las modificaciones introducidas en el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores sobre las 20 horas de formación, la introducción en la Ley de Empleo de la “cuenta de formación” y del “cheque formación”, medidas destinadas teóricamente a financiar el derecho individual a la formación de cada trabajador o las modificaciones introducidas en el contrato para la formación y el aprendizaje. Desde el punto de vista de CCOO, el denominador común de todas estas modificaciones es el de reforzar la formación decidida por la empresa en detrimento de los intereses o necesidades personales decididos por cada trabajador.
Estos son los cambios normativos que nos conducen a los Agentes Sociales a desempeñar un papel secundario en formación para el empleo; cambios normativos que, dicho sea de paso, se han adoptado por el Gobierno al margen del diálogo social, al margen y de espaldas a los acuerdos que previamente habíamos alcanzado los Sindicatos y las Organizaciones Empresariales.
Si a este futuro normativo incierto le añadimos los fuertes recortes presupuestarios en este año 2012 en materia de formación para el empleo, el panorama deja de ser gris para convertirse en sombrío. Algunos datos ilustrativos: la formación para ocupados se ha reducido en un 68% en el ámbito autonómico y un 53% en el estatal, la formación para desempleados se reduce una media del 33% en el conjunto del país. Casualmente, aunque quizás no sea casual, permítaseme la ironía, la formación bonificada que es la que gestionan las empresas directamente es la única partida que aumenta y lo hace en un 10%. En 2012, y estamos casi a mediados de julio, tan sólo se ha convocado formación para desempleados en Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Murcia, Navarra y País Valenciano. Para ocupados, tan sólo en Navarra, Euskadi y País Valenciano.
A nadie se le oculta que atravesamos por unos momentos difíciles y que hay que actuar sobre el déficit de las cuentas públicas. Pero desde el punto de vista de CCOO es un grave error la obsesión por corregir el déficit sólo recortando gastos en Servicios Públicos esenciales como la Educación, la Sanidad o los Servicios Sociales y dentro de ellos la atención a las personas dependientes y en Políticas Activas de Empleo, entre las cuales la Formación tiene un papel fundamental.
No se toca la fiscalidad para ingresar más dinero de las grandes fortunas, de los grandes beneficios empresariales o de las transacciones financieras internacionales; no se toca una reforma en profundidad del sistema financiero ni se controlan otro tipo de gastos accesorios o suntuarios. El peso de los recortes y el de la formación para el empleo sigue recayendo fundamentalmente sobre las espaldas de los trabajadores, lo que es una política equivocada y además injusta.
¡Ojalá esté equivocado! No habría nada que me gustase más que tener que rectificar las anteriores afirmaciones.
